Reforma Antilavado: recomendaciones prácticas y asesoría para empresas
Ante la reforma de la Ley Antilavado (julio 2025), las empresas deben adoptar medidas inmediatas para cumplir obligaciones que ahora están en la ley. Estas recomendaciones prácticas ayudan a reducir riesgos legales y financieros.
Acciones prioritarias (inmediatas)
Diagnóstico interno: Revisar si la empresa realiza actividades vulnerables (inmobiliario, activos virtuales, servicios notariales, comercio exterior, fideicomisos, entre otros). Si aplica, activar controles: identificación de clientes, monitoreo, reportes y registro de operaciones.
Actualizar manuales y capacitación: Elaborar o revisar el manual de prevención incorporando nuevas definiciones (PEP, Beneficiario Controlador, etc.) y procedimientos operativos. Planear capacitaciones anuales para directivos, oficiales de cumplimiento y personal de contacto con clientes.
Identificación del Beneficiario Controlador (BC): Detectar personas físicas con >25% de propiedad o control directo/indirecto. Documentar evidencia, mantenerla actualizada y registrar la información en el sistema de la Secretaría de Economía.
Fortalecer procedimientos de Conoce a tu Cliente (KYC): Ampliar la debida diligencia para incluir verificación del origen de fondos en operaciones de alto riesgo y controles específicos para PEPs.
Protocolos de reporte 24h: Ajustar flujos internos para detectar y notificar operaciones sospechosas a la UIF dentro de las 24 horas. Crear canales de alerta interna y plantillas de reporte estandarizadas.
Retención documental: Implementar políticas que garanticen conservación segura por 10 años de contratos, comprobantes, análisis de riesgo y reportes internos.
Regularización voluntaria y remediación: Si el diagnóstico detecta incumplimientos, evaluar regularización voluntaria y programas de remediación antes de una inspección para mitigar sanciones.
Auditorías y monitoreo técnico: Programar auditorías anuales (internas o externas) y adoptar sistemas de monitoreo automatizado adecuados al perfil de riesgo de la empresa.
Designación y protección del oficial de cumplimiento: Nombrar representante de cumplimiento idóneo, garantizar recursos y medidas que protejan su identidad en procedimientos de investigación.
Cómo priorizar recursos según riesgo
Alto riesgo: entidades con operaciones internacionales, activos virtuales, fideicomisos o grandes volúmenes transaccionales → priorizar tecnología de monitoreo y diligencia reforzada.
Riesgo medio: comercios con flujos periódicos → implementar KYC mejorado y auditorías anuales.
Bajo riesgo: revisar prácticas y conservar documentación 10 años; ajustar manuales y capacitación mínima.
Buenas prácticas operativas
Centralizar políticas y controles en un programa formal documentado y publicar versión interna para personal relevante.
Segregar funciones: KYC, monitoreo, reportes y auditoría deben tener responsabilidades diferenciadas.
Mantener trazabilidad: almacenar evidencias de revisiones, decisiones y notificaciones a la UIF.
Integrar a contador y área legal desde el diagnóstico para procedimientos fiscales y contractuales.
Simular escenarios y pruebas de estrés en el sistema de monitoreo para calibrar reglas y umbrales.
Beneficios de actuar ahora
Reducir exposición a sanciones administrativas y penales.
Mejorar la reputación frente a contrapartes y autoridades.
Facilitar acceso a financiamiento y relaciones comerciales más seguras.
Demostrar debida diligencia ante investigaciones regulatorias.
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La información contenida en este texto es de carácter general y tiene fines informativos; no sustituye asesoría jurídica especializada. Si deseas aplicar estas recomendaciones a tu empresa o necesitas un diagnóstico y plan de cumplimiento a medida, contacta con nuestro despacho para recibir asesoría y acompañamiento profesional.
