Ante la reforma de la Ley Antilavado (julio 2025), las empresas deben adoptar medidas inmediatas para cumplir obligaciones que ahora están en la ley. Estas recomendaciones prácticas ayudan a reducir riesgos legales y financieros.
Acciones prioritarias (inmediatas)
Diagnóstico interno: Revisar si la empresa realiza actividades vulnerables (inmobiliario, activos virtuales, servicios notariales, comercio exterior, fideicomisos, entre otros). Si aplica, activar controles: identificación de clientes, monitoreo, reportes y registro de operaciones.
Actualizar manuales y capacitación: Elaborar o revisar el manual de prevención incorporando nuevas definiciones (PEP, Beneficiario Controlador, etc.) y procedimientos operativos. Planear capacitaciones anuales para directivos, oficiales de cumplimiento y personal de contacto con clientes.
Identificación del Beneficiario Controlador (BC): Detectar personas físicas con >25% de propiedad o control directo/indirecto. Documentar evidencia, mantenerla actualizada y registrar la información en el sistema de la Secretaría de Economía.
Fortalecer procedimientos de Conoce a tu Cliente (KYC): Ampliar la debida diligencia para incluir verificación del origen de fondos en operaciones de alto riesgo y controles específicos para PEPs.
Protocolos de reporte 24h: Ajustar flujos internos para detectar y notificar operaciones sospechosas a la UIF dentro de las 24 horas. Crear canales de alerta interna y plantillas de reporte estandarizadas.
Retención documental: Implementar políticas que garanticen conservación segura por 10 años de contratos, comprobantes, análisis de riesgo y reportes internos.
Regularización voluntaria y remediación: Si el diagnóstico detecta incumplimientos, evaluar regularización voluntaria y programas de remediación antes de una inspección para mitigar sanciones.
Auditorías y monitoreo técnico: Programar auditorías anuales (internas o externas) y adoptar sistemas de monitoreo automatizado adecuados al perfil de riesgo de la empresa.
Designación y protección del oficial de cumplimiento: Nombrar representante de cumplimiento idóneo, garantizar recursos y medidas que protejan su identidad en procedimientos de investigación.
Cómo priorizar recursos según riesgo
Alto riesgo: entidades con operaciones internacionales, activos virtuales, fideicomisos o grandes volúmenes transaccionales → priorizar tecnología de monitoreo y diligencia reforzada.
Riesgo medio: comercios con flujos periódicos → implementar KYC mejorado y auditorías anuales.
Bajo riesgo: revisar prácticas y conservar documentación 10 años; ajustar manuales y capacitación mínima.
Buenas prácticas operativas
Centralizar políticas y controles en un programa formal documentado y publicar versión interna para personal relevante.
Segregar funciones: KYC, monitoreo, reportes y auditoría deben tener responsabilidades diferenciadas.
Mantener trazabilidad: almacenar evidencias de revisiones, decisiones y notificaciones a la UIF.
Integrar a contador y área legal desde el diagnóstico para procedimientos fiscales y contractuales.
Simular escenarios y pruebas de estrés en el sistema de monitoreo para calibrar reglas y umbrales.
Beneficios de actuar ahora
Reducir exposición a sanciones administrativas y penales.
Mejorar la reputación frente a contrapartes y autoridades.
Facilitar acceso a financiamiento y relaciones comerciales más seguras.
Demostrar debida diligencia ante investigaciones regulatorias.
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La información contenida en este texto es de carácter general y tiene fines informativos; no sustituye asesoría jurídica especializada. Si deseas aplicar estas recomendaciones a tu empresa o necesitas un diagnóstico y plan de cumplimiento a medida, contacta con nuestro despacho para recibir asesoría y acompañamiento profesional.
